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La Junta de Andalucía, obligada a tratar igual a colegios mixtos y diferenciado [ES] [2012]
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la decisión de la Junta de Andalucía de renovar solo por un año el concierto educativo en 12 colegios de enseñanza diferenciada y no por cuatro, como hace habitualmente con los centros que no son de titularidad pública.
En una sentencia de la Sala Contencioso Administrativa de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, el TSJA ha decidido anular la orden de la Consejería andaluza de Educación de 2009 de renovar el concierto, y por tanto, su financiación, con diez colegios, la mayoría vinculados al Opus Dei, sólo para el curso 2009-10. La misma orden de la Junta instaba a extender el concierto tres años más si a partir del siguiente curso esos colegios escolarizaban en las mismas aulas a alumnos de ambos sexos, decisión que ahora ha anulado el TSJA.
En la sentencia, el TSJA subraya la "nulidad" de la condición impuesta por la Junta a esos colegios para renovar los conciertos educativos, y agrega que "apreciar esta causa de nulidad (...) hace innecesario enjuiciar la legalidad y constitucionalidad del cumplimiento del deber de apertura del centro a alumnos de ambos sexos". La sentencia da la razón a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) respecto a los centros Altair, Albaydar, Ribamar, Molino Azul, El Chato, Hermanas de la Cruz de Sevilla y Carmona, Zalima, Yucatal y Torrealba, y aún quedan pendientes resoluciones sobre los colegios Campomar de Almería y El Soto de Granada.
Tras el fallo, la CECE ha expresado en un comunicado su "satisfacción" ante esta nueva sentencia que anula la condición de admitir a alumnado de ambos sexos en los centros de Educación diferenciada, que consideran "una manifestación más del pluralismo educativo que nuestra Constitución consagra". Además, subrayan "el derecho de los padres, y no del Estado, a elegir la Educación que quieren para sus hijos". Todos estos centros que han interpuesto el contencioso están sostenidos con fondos públicos desde hace más de 30 años, "con una gran demanda social y muy buenos resultados académicos", según la CECE, que resalta el "enorme auge" en Europa y América de este modelo educativo, inclusive en los centros públicos.
La CECE ha pedido a la Consejería de Educación, que aún no ha expresado su intención de recurrir o no el fallo judicial, "un mayor respeto a la legalidad vigente, que no puede ser suplantada por criterios ideológicos". La Junta de Andalucía ha intentado acabar con la financiación pública de estos centros desde 1999, aunque el TSJA les dio la razón a los colegios en 2006.
En la sentencia, el TSJA subraya la "nulidad" de la condición impuesta por la Junta a esos colegios para renovar los conciertos educativos, y agrega que "apreciar esta causa de nulidad (...) hace innecesario enjuiciar la legalidad y constitucionalidad del cumplimiento del deber de apertura del centro a alumnos de ambos sexos". La sentencia da la razón a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) respecto a los centros Altair, Albaydar, Ribamar, Molino Azul, El Chato, Hermanas de la Cruz de Sevilla y Carmona, Zalima, Yucatal y Torrealba, y aún quedan pendientes resoluciones sobre los colegios Campomar de Almería y El Soto de Granada.
Tras el fallo, la CECE ha expresado en un comunicado su "satisfacción" ante esta nueva sentencia que anula la condición de admitir a alumnado de ambos sexos en los centros de Educación diferenciada, que consideran "una manifestación más del pluralismo educativo que nuestra Constitución consagra". Además, subrayan "el derecho de los padres, y no del Estado, a elegir la Educación que quieren para sus hijos". Todos estos centros que han interpuesto el contencioso están sostenidos con fondos públicos desde hace más de 30 años, "con una gran demanda social y muy buenos resultados académicos", según la CECE, que resalta el "enorme auge" en Europa y América de este modelo educativo, inclusive en los centros públicos.
La CECE ha pedido a la Consejería de Educación, que aún no ha expresado su intención de recurrir o no el fallo judicial, "un mayor respeto a la legalidad vigente, que no puede ser suplantada por criterios ideológicos". La Junta de Andalucía ha intentado acabar con la financiación pública de estos centros desde 1999, aunque el TSJA les dio la razón a los colegios en 2006.